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ley de Género Violencia contra Mujeres
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Versión Única : 14-JUN-2024







               LEY  21.675
           VIOLENCIA EN CONTRA
        DE LAS MUJERES, EN RAZÓN
             DE SU  GÉNERO

                TÍTULO I
     OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES
                GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Toda
mujer tiene derecho a una vida libre
de violencia.

   Esta ley tiene por objeto
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra toda mujer, en razón
de su género.

   Para alcanzar esos objetivos, esta
ley regula medidas de prevención,
protección, atención, reparación y
de acceso a la justicia para las
mujeres víctimas de violencia en
razón de su género, y considera
especialmente las situaciones de
vulnerabilidad o discriminaciones
múltiples en que puedan hallarse.



Artículo 2.- Definición de los
conceptos de niña, adolescente, mujer
adulta y mujer. Se entenderá por
niña a toda mujer hasta los 14 años;
por adolescente, a toda mujer mayor de
14 y menor de 18 años; y por mujer
adulta a toda mujer que sea mayor de
18 años.

    Para efectos de esta ley, el
vocablo "mujer" comprenderá a niñas,
adolescentes y mujeres adultas, sin
distinción.



Artículo 3.- Principios. Esta ley se
regirá por los principios de igualdad
y no discriminación, debida
diligencia, centralidad en las
víctimas, autonomía de la mujer,
universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, progresividad y
prohibición de regresividad de los
derechos humanos.

   Quien ejerza una función pública
deberá tener en especial
consideración esos principios.



Artículo 4.- Reglas especiales de
interpretación. Al interpretar esta
ley y sus respectivos reglamentos se
respetará el contenido esencial de
los derechos fundamentales, conforme a
los principios mencionados en el
artículo anterior.

   Constituirá fuente especial para
la interpretación sistemática e
integradora, conforme con lo
establecido en la Constitución
Política de la República, la
Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer y los tratados
internacionales ratificados por Chile
y que se encuentren vigentes, y
resguardará especialmente el derecho
de las mujeres a una vida libre de
violencia.



Artículo 5.- Definición de
violencia de género. Es violencia de
género cualquier acción u omisión
que cause muerte, daño o sufrimiento
a la mujer en razón de su género,
donde quiera que ocurra, ya sea en el
ámbito público o privado; o una
amenaza de ello.

   También será considerada
violencia de género aquella ejercida
contra niñas, niños y adolescentes,
con el objeto de dañar a sus madres o
cuidadoras. En estos casos, las
personas menores de 18 años de edad
serán derivadas al órgano competente
conforme a lo dispuesto en la ley
N°21.430, sobre Garantías y
Protección Integral de los Derechos
de la Niñez y Adolescencia.

    La omisión en la observancia de
los deberes que por esta ley
corresponden a los órganos del Estado
y sus agentes, habilita para
interponer las acciones
administrativas y judiciales, según
correspondan, ante el órgano
respectivo, con el fin de restaurar el
ejercicio y goce de tales derechos, a
través de los recursos y
procedimientos contemplados en las
leyes.



Artículo 6.- Formas de violencia de
género. La violencia en contra de las
mujeres en razón de su género
incluye, entre otras, las siguientes:

 1. Violencia física: toda acción u
omisión que vulnere, perturbe o
amenace la integridad física, el
derecho a la vida o la libertad
personal de la mujer.

 2. Violencia psicológica: toda
acción u omisión, cualquiera sea el
medio empleado, que vulnere, perturbe
o amenace la integridad psíquica,
tales como tratos humillantes,
vejatorios o degradantes, control o
vigilancia de conductas,
intimidación, coacción, sumisión,
aislamiento, explotación o
limitación de la libertad de acción,
opinión o pensamiento.

 3. Violencia sexual: toda conducta
que vulnere, perturbe o amenace la
libertad, integridad y autonomía
sexual y reproductiva de la mujer; y
su indemnidad en el caso de las
niñas.

 4. Violencia económica: toda
acción u omisión, ejercida en el
contexto de relaciones afectivas o
familiares, que vulnere o pretenda
vulnerar la autonomía económica de
la mujer o su patrimonio, con el afán
de ejercer un control sobre ella o
sobre sus recursos económicos o
patrimoniales, o en el de sus hijos o
hijas o en el de las personas que se
encuentren bajo su cuidado, en los
casos que corresponda.

 5. Violencia simbólica: toda
comunicación o difusión de mensajes,
textos, sonidos o imágenes en
cualquier medio de comunicación o
plataforma, cuyo objeto sea
naturalizar estereotipos que afecten
su dignidad, justificar o naturalizar
relaciones de subordinación,
desigualdad o discriminación contra
la mujer que le produzcan afectación
o menoscabo.

    En ningún caso este concepto
autorizará para ejecutar acciones que
supongan impedir o restringir la
producción y creación literaria,
artística, científica y técnica o
su difusión, o menoscabar la libertad
de expresión.

 6. Violencia institucional: toda
acción u omisión realizada por
personas en el ejercicio de una
función pública en una institución
privada, que tenga como fin retardar,
obstaculizar o impedir que la mujer
ejerza los derechos previstos en la
Constitución Política de la
República, en los tratados
internacionales ratificados por Chile
que se encuentren vigentes y en la
legislación. Para el caso de los
órganos de la Administración del
Estado y sus agentes, solo se
considerarán las acciones u omisiones
antes señaladas cuando el respectivo
órgano no haya actuado en el marco de
sus competencias y, como consecuencia
de ello, ocasione un daño por falta
de servicio.

 7. Violencia política: toda
conducta de hostigamiento,
persecución, amenazas o agresión
realizada de forma directa o a través
de terceros que, basada en su género,
le cause daño o sufrimiento a la
mujer, y que tenga por objeto o fin
menoscabar, obstaculizar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de
sus derechos políticos y de
participación.

 8. Violencia en el trabajo: toda
acción u omisión, cualquiera sea la
forma en la que se manifieste, que
vulnere, perturbe o amenace el derecho
de las mujeres a desempeñarse en el
trabajo, libres de violencia, provenga
del empleador o de otros trabajadores.
Comprende a todas las trabajadoras
formales o informales, que presten
servicios en la empresa en forma
directa o bajo el régimen de
subcontratación o servicios
transitorios, practicantes o
aprendices, así como aquellas
trabajadoras que ejercen autoridad o
jefatura en representación del
empleador.

 9. Violencia gineco-obstétrica:
todo maltrato o agresión
psicológica, física o sexual,
negación injustificada o abuso que
suceda en el marco de la atención de
la salud sexual y reproductiva de la
mujer, especialmente durante la
atención de la gestación, preparto,
parto, puerperio, aborto o urgencia
ginecológica.





               TÍTULO II
         DE LA PREVENCIÓN DE LA
      VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA
      ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS
                VÍCTIMAS

Artículo 7.- Deberes del Estado. Es
deber del Estado adoptar las medidas
para la prevención, sanción y
erradicación de la violencia de
género.

   Ante la amenaza u ocurrencia de
casos de violencia de género, el
Estado deberá adoptar medidas para
proteger, atender y reparar a las
víctimas, especialmente las
situaciones de vulnerabilidad o
discriminaciones múltiples en que
pueden hallarse. Las medidas que el
Estado adopte en materia de
prevención, sanción y erradicación
de la violencia de género deberán
ser diseñadas e implementadas
conforme a los objetivos y principios
de esta ley.

   Los órganos de la Administración
del Estado, dentro del marco de sus
competencias legales, cumplirán con
las obligaciones que esta ley
establece, y asegurarán el goce y
ejercicio de los derechos de las
mujeres mediante una aplicación
eficaz, eficiente y equitativa de los
recursos públicos.

    El Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género, de conformidad con
lo establecido en la ley N°20.820,
que crea el Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género, y modifica
normas legales que indica, y dentro
del marco de sus competencias, velará
por la coordinación, consistencia y
coherencia de las políticas, planes y
programas en materia de violencia de
género.





               Párrafo I
          De la Prevención de
         la Violencia de Género

Artículo 8.- Objetivos de las
medidas de prevención de la violencia
de género. Los órganos del Estado en
el marco de sus competencias
adoptarán medidas para la prevención
de la violencia de género, las que
deberán atender a los siguientes
objetivos:

 1. Promover en todas sus actuaciones
el enfoque de género y de derechos
humanos, para asegurar el pleno
ejercicio de los derechos de las
mujeres, especialmente su derecho a
una vida libre de violencia.

 2. Promover la igualdad de derechos,
a fin de eliminar toda forma de
discriminación arbitraria por motivos
de género.

 3. Fomentar la modificación de
estereotipos, prejuicios y prácticas
sociales y culturales, basados en la
idea de la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los sexos y que
naturalicen y reproduzcan la
discriminación arbitraria contra las
mujeres o exacerben la violencia en
contra de ellas.

 4. Promover una cultura ciudadana de
respeto irrestricto a los derechos de
las mujeres y el total rechazo a
cualquier forma de violencia en su
contra.



Artículo 9.- Medidas generales de
prevención de la violencia de
género. Las medidas de prevención de
la violencia de género que los
órganos del Estado adopten
incluirán, entre otras, las
siguientes:

 1. Capacitaciones y campañas de
difusión y sensibilización sobre los
derechos de las mujeres y las
discriminaciones arbitrarias que les
afectan, así como actividades que
eduquen sobre la erradicación de la
violencia de género y la
estigmatización y dificultades que
sufren sus víctimas. Estas medidas
incluirán, al menos, los contenidos
normativos existentes en materia de
género y niñez, y se considerarán
en la elaboración de los planes
educacionales para contemplar una
perspectiva de género.

 2. Iniciativas para la
sensibilización de los medios de
comunicación con el fin de promover
la igualdad de derechos y dignidad
entre las personas, la eliminación y
erradicación de los estereotipos de
género y una cultura ciudadana de
denuncia y rechazo de la violencia de
género.

 3. Políticas, programas e
iniciativas orientadas a fortalecer la
autonomía económica de las mujeres.

 4. Políticas, programas e
iniciativas diseñadas para el
desarrollo de ciudades, comunidades y
espacios seguros y accesibles para
mujeres.

 5. Programas de sensibilización,
capacitación y formación sobre
derechos humanos de las mujeres y
erradicación de la violencia de
género para el personal de los
órganos del Estado, especialmente, de
aquellos que interactúan con las
víctimas.

 6. Iniciativas de recopilación,
análisis e intercambio de
información sobre violencia de
género que aporte a la prevención,
detección temprana, gestión oportuna
y reparación de los derechos de las
mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19 N°4 de
la Constitución Política de la
República.

 7. Protocolos de actuación para la
prevención, acompañamiento,
protección, investigación, sanción
y superación de la violencia de
género en espacios educativos,
laborales y comunitarios. Todos los
órganos del Estado velarán porque
sus autoridades, funcionarios y
funcionarias promuevan la protección
de los derechos de las mujeres,
procuren prevenir cualquier acto de
violencia en su contra y faciliten el
otorgamiento de respuesta frente a su
ocurrencia o al riesgo de padecerla.
Cualquier acción o práctica de
violencia contra las mujeres en razón
de su género, por parte de las
referidas personas, será sancionado
en la forma que establezca la ley.



Artículo 10.- Obligaciones
especiales de prevención de la
violencia de género del Ministerio de
la Mujer y la Equidad de Género. El
Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género entregará a las autoridades
competentes orientaciones,
recomendaciones y directrices para el
desarrollo de programas de educación
y capacitaciones para la ciudadanía y
para el personal de la Administración
del Estado que se desempeñen en su
cargo en calidad de funcionarios
públicos o en virtud de
contrataciones a honorarios o de
contratos de trabajo, sobre derechos
humanos, discriminación y violencia
de género, de conformidad con lo
establecido en la letra o) del
artículo 3 de la ley N°20.820. Los
órganos y servicios competentes
considerarán dichas orientaciones en
las capacitaciones para sus
autoridades y personal vinculado a la
atención de las víctimas de
violencia de género.

   Asimismo, será de su competencia
mantener vínculos de cooperación con
organismos internacionales dedicados a
los derechos humanos de las mujeres y
la equidad de género, sin perjuicio
de las atribuciones que le
correspondan al Ministerio de
Relaciones Exteriores, en los
términos señalados en la letra h)
del artículo 3 de la ley N°20.820.

    Además, será de su competencia
realizar estudios e investigaciones
sobre los derechos humanos de las
mujeres y la violencia de género, que
permitan evaluar periódicamente el
impacto, los avances, los desafíos y
las oportunidades de la acción
pública en su erradicación, en los
términos señalados en la letra l)
del artículo 3 de la ley N°20.820.



Artículo 11.- Obligaciones
especiales de prevención de la
violencia de género en el ámbito de
la salud. El Ministerio de Salud
promoverá los principios de igualdad
y no discriminación en la atención
de salud de las muj eres. Para lo
anterior, dictará uno o más
reglamentos que establecerán las
acciones que deberán realizar todos
los dispositivos de atención
pertenecientes a la red de salud
pública y privada para que el
personal de su dependencia incorpore
la perspectiva de género en su
atención.

   Asimismo, deberá adoptar medidas
para la aplicación de la ley
Nº20.584, que regula los derechos y
deberes que tienen las personas en
relación con acciones vinculadas a su
atención en salud, con especial
énfasis en las medidas relativas al
derecho a un trato digno, el derecho a
la información y a la obtención del
consentimiento informado. También
adoptará las medidas necesarias para
asegurar la atención humanizada y
respetuosa del embarazo, parto y
posparto, aborto conforme las causales
establecidas en el ordenamiento
jurídico, y atenciones ginecológicas
de urgencia.

    El Ministerio de Salud y los
servicios de salud implementarán las
medidas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto por la ley
N°21.030, que regula la
despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo en tres
causales, a efectos de que los
establecimientos de salud públicos y
privados proporcionen a las mujeres y
personas con capacidad de gestar
información veraz, completa y
objetiva sobre las características de
la prestación médica y las
alternativas a la interrupción del
embarazo. Asimismo, velarán por el
cumplimiento de los reglamentos de
dicha ley, de modo que las mujeres y
las personas con capacidad de gestar
sean derivadas a los especialistas o
instituciones que no sean objetoras de
conciencia, se respeten sus
decisiones, que éstas sean libres e
informadas, y se les garantice el
acceso oportuno a las prestaciones que
requieran y al programa de
acompañamiento y la confidencialidad
de la atención.



Artículo 12.- Obligaciones
especiales de prevención de la
violencia de género en el ámbito de
la educación. El Ministerio de
Educación promoverá los principios
de igualdad de género y no
discriminación, así como la
prevención de la violencia de
género.

    Los establecimientos
educacionales reconocidos por el
Estado deberán promover una
educación no sexista y con igualdad
de gé nero y considerar en sus
reglamentos internos y protocolos la
promoción de la igualdad en dignidad
y derechos y la prevención de la
violencia de género en todas sus
formas.

   Los planes de formación ciudadana
regulados por la ley N°20.911, que
crea el plan de formación ciudadana
para los establecimientos
educacionales reconocidos por el
Estado, deberán incluir dentro de sus
objetivos la promoción de la igualdad
en dignidad y derechos, la promoción
del derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia y la prohibición
de cualquier tipo de discriminación
arbitraria.

    Además de las medida s de
prevención establecidas en la ley
Nº21.369, que regula el acoso sexual,
la violencia y la discriminación de
género en el ámbito de la educación
superior, las instituciones de
educación superior deberán
incorporar contenidos de derechos
humanos y de prevención contra la
violencia y discriminación de
género, de conformidad con lo
dispuesto en la letra e) del artículo
5 de dicha ley.



Artículo 13.- Obligaciones
especiales de prevención de la
violencia de género en el ámbito de
la seguridad pública y penitenciaria.
El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública y Gendarmería de
Chile, en el ámbito de sus
competencias, deberán:

 1. Incorporar la perspectiva de
género y de derechos humanos en sus
normativas y prácticas internas, y
favorecer la prevención y detección
prioritaria de la violencia de
género, así como la prevención,
atención, acompañamiento y
protección eficaz y oportuna de las
víctimas.

 2. Incorporar contenidos y cursos
basados en la promoción y resguardo
de los derechos de las mujeres en sus
programas de formación, especialmente
de las víctimas de violencia de
género.

 3. Impulsar medidas tendientes a
evitar discriminación por motivos de
género.



Artículo 14.- Obligaciones
especiales de prevención de la
violencia de género en el ámbito
laboral. El Ministerio del Trabajo y
Previsión Social promoverá los
principios de igualdad y no
discriminación, así como la
prevención de la violencia y acoso en
los espacios de trabajo. Deberá
incorporar transversalmente la
perspectiva de género en sus
políticas generales, así como en las
de los órganos y servicios de su
dependencia.

    La obligación de promoción
establecida en el inciso anterior
recaerá, en el ámbito de sus
competencias, en la Dirección
Nacional del Servicio Civil, respecto
del personal de los servicios de la
administración civil del Estado. Los
organismos del Estado restantes, en el
marco de sus competencias, deberán
incorporar transversalmente la
perspectiva de género en sus
políticas generales en materia
laboral.



Artículo 15.- Obligaciones
especiales de prevención de la
violencia de género en los medios de
comunicación. El Estado a través de
los órganos competentes promoverá
que los medios de comunicación social
respeten y fomenten la igualdad en
dignidad y derechos de todas las
personas y la erradicación de la
violencia de género contra las
mujeres. Lo anterior, se entenderá
sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo segundo del numeral 5 del
artículo 6.

    En particular, el Consejo
Nacional de Televisión, en el
ejercicio de sus funciones, deberá
velar porque los servicios de
radiodifusión televisiva de libre
recepción y los servicios limitados
de televisión adopten medidas para
dar cumplimiento a los objetivos de
esta ley y a lo establecido en el
inciso cuarto del artículo 1 de la
ley N°18.838, que crea el Consejo
Nacional de Televisión.

   Los medios de comunicación social
procurarán adoptar las medidas
necesarias para que la difusión de
informaciones acerca de la violencia
de género respete, con la
correspondiente objetividad
informativa, la protección de los
derechos de sus víctimas.





               Párrafo II
     De la Atención, Protección y
        Reparación a las Mujeres
    Víctimas de Violencia de Género

Artículo 16.- Objetivos de las
medidas generales de atención,
protección y reparación de mujeres
víctimas de violencia de género. Los
órganos del Estado, en el ámbito de
sus competencias, adoptarán medidas
internas y de manera  coordinada, para
la atención,  protección y
reparación de las  víctimas de
violencia de género, las que deberán
atender a los siguientes objetivos:

 1. Otorgar a las víctimas acceso a
los servicios de salud física y
mental.

 2. Informar a las víctimas sobre la
red de servicios estatales en
violencia de género disponibles.

 3. Registrar, realizar y dar
seguimiento a las derivaciones entre
los órganos del Estado y
organizaciones externas que se
ejecuten en un caso de violencia de
género.

 4. Asegurar el acceso a la
información de las víctimas sobre
sus derechos.

 5. Adoptar medidas de seguridad y
resguardo de las víctimas.

 6. Asegurar el acceso a la justicia
de las víctimas.

 7. Proveer de servicios y
acompañamiento para la reparación
física, psicológica y social de las
víctimas.

 8. Adoptar medidas para fortalecer
la autonomía económica de las
víctimas.



Artículo 17.- Obligaciones
especiales de atención, protección y
reparación a las víctimas de
violencia de género del Ministerio de
la Mujer y la Equidad de Género. El
Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género, dentro de sus competencias y
a través del Servicio Nacional de la
Mujer y la Equidad de Género,
implementará servicios de
acompañamiento psicosocial para las
víctimas de violencia de género. Si
con ocasión de sus funciones, toma
conocimiento de situaciones de
violencia de género que afecten a
niñas o adolescentes, deberá
realizar las debidas derivaciones a
los órganos competentes de
conformidad con lo establecido en la
ley N°21.430 y en la ley N°21.302,
que crea el Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez
y Adolescencia y modifica normas
legales que indica.

    El Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género mantendrá una
nómina actualizada de su oferta
programática y de los cupos
disponibles en el Sistema Integrado de
Información sobre Violencia de
Género, regulado en el artículo 26 y
lo informará a los tribunales de
justicia, al Ministerio Público u
otros órganos públicos competentes
para los fines pertinentes.



Artículo 18.- Obligaciones
especiales de atención, protección y
reparación a las víctimas de
violencia de género en el ámbito de
la salud. El Ministerio de Salud, los
servicios de salud y los prestadores
institucionales de salud, adoptarán
las medidas pertinentes para que las
trabajadoras y los trabajadores de la
salud no ejerzan ninguna clase de
violencia ni discriminación en contra
de las mujeres, con énfasis respecto
de las que se encuentran en una
especial condición de vulnerabilidad.
En particular, deberán diseñar
protocolos y procedimientos para
prevenir los casos de violencia de
género y responder ante su
ocurrencia, con el objeto de
responsabilizar a las trabajadoras y
trabajadores infractores.

    Asimismo, deberán desarrollar e
implementar protocolos, pautas y
derivaciones para la atención
integral de las víctimas de violencia
de género. Además, deberán
proporcionar la información que
corresponda al Sistema Integrado de
Información sobre Violencia de
Género, regulado en el artículo 26,
y disponer de mecanismos coordinados
de actuación con los órganos de la
Administración del Estado
correspondientes para responder
cuando, en el contexto de una
atención en salud se detecte un caso
de violencia de género. Esta
coordinación deberá incluir
mecanismos de derivación oportunos de
las víctimas para la atención
jurídica y psicosocial.

   El Ministerio de Salud adoptará
las medidas necesarias para que los
establecimientos de salud, tanto
públicos como privados, puedan
detectar y dejar registro en la ficha
clínica de la paciente de un hecho de
violencia de género advertido en el
marco de la atención de salud,
especialmente en la atención
primaria. Lo anterior se realizará
con estricto cumplimiento al principio
de autonomía de las mujeres, e
informará a éstas del respectivo
registro.

    Las personas que de conformidad
con la letra d) del artículo 175 del
Código Procesal Penal denuncien un
hecho de violencia de género deberán
entregar información a la víctima
acerca de las instituciones dedicadas
a la atención y protección ante
casos de violencia de género.

   Los prestadores institucionales de
salud, dentro de su oferta de salud
mental, incorporarán prestaciones o
enfoques específicos para atender las
consecuencias físicas y psicológicas
de la violencia de género, mientras
la paciente lo requiera. Esta labor se
realizará en el marco de un trabajo
coordinado con otras instituciones que
tengan competencia en dicha materia.



Artículo 19.- Obligaciones
especiales de atención y protección
de salud para víctimas de violencia
sexual. El Ministerio de Salud y los
prestadores de salud, en el marco de
sus respectivas competencias,
procurarán dictar medidas de
regulación, gestión y acción
clínica orientadas a la atención de
salud física y psicológica a las
víctimas de violencia sexual.

    Los prestadores de salud y el
Servicio Médico Legal procurarán que
las medidas, acciones o servicios
referidos sean prestados por personal
especializado para la atención de
víctimas de violencia sexual,
adoptarán las medidas necesarias para
reducir o eliminar la victimización
secundaria y registrarán
adecuadamente en la ficha clínica de
la paciente toda información que
pueda ser útil en un procedimiento
posterior judicial o administrativo.
En la atención de las víctimas de
violencia sexual se velará por el
adecuado resguardo de la evidencia que
podría hacerse valer en un proceso
administrativo o judicial.



Artículo 20.- Obligaciones
especiales de atención, protección y
reparación de las víctimas de
violencia de género en el ámbito de
la educación. El Ministerio de
Educación, en el ámbito de sus
competencias, adoptará las medidas
necesarias para que los
establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado, en todos
sus niveles y modalidades, puedan
detectar y responder oportunamente
frente a hechos de violencia de
género que afecten a la comunidad
educativa, especialmente respecto de
niños, niñas o adolescentes, para lo
cual podrá actuar en cooperación con
otras instituciones públicas y
privadas competentes.

    Los establecimientos
educacionales deberán disponer de
procedimientos objetivos, establecidos
en sus respectivos reglamentos
internos, que consideren mecanismos de
denuncia, investigación y sanción, y
aseguren la protección de las
víctimas de violencia de género.
Estos procedimientos procurarán
reducir o eliminar la victimización
secundaria, para lo cual contarán con
medidas formativas, de apoyo y
acompañamiento a las víctimas.
Además, deberán contemplar
mecanismos efectivos para informar a
las víctimas acerca de las
instituciones dedicadas a la atención
y protección ante casos de violencia
de género.

    Los establecimientos
educacionales deberán contar con
protocolos y mecanismos coordinados de
actuación y derivación de las
víctimas a las instituciones
públicas o privadas competentes
cuando identifiquen o sospechen de un
caso de violencia de género.

    Las familias, cuidadores,
profesionales y asistentes de la
educación, así como los equipos
docentes y directivos de los
establecimientos educacionales,
deberán informar las situaciones de
violencia de género que afecten a las
mujeres, niños, niñas y adolescentes
que forman parte de la comunidad
educativa de las cuales tomen
conocimiento, todo ello conforme al
reglamento interno del
establecimiento.

    Las personas que denuncien un
hecho de violencia de género, de
conformidad con la letra e) del
artículo 175 del Código Procesal
Penal, deberán entregar a las
víctimas información acerca de las
instituciones dedicadas a la atención
y protección ante casos de violencia
de género.

   Si se trata de víctimas que son
niñas o adolescentes deberá darse
cumplimiento al deber de información
dispuesto en el inciso anterior cuando
las circunstancias del caso así lo
ameriten y se asegure la protección
de la víctima. Además, en estos
casos se procederá a la derivación
de niñas o adolescentes a los
órganos competentes de conformidad
con lo establecido en la ley N°21.430
y en la ley N°21.302.

    El Ministerio de Educación
deberá velar por la incorporación a
un nuevo establecimiento escolar de
las y los estudiantes que cambiaron de
domicilio debido a hechos de violencia
previstos y sancionados en la ley
N°20.066, que establece Ley de
Violencia Intrafamiliar, así
constatados por un tribunal, que les
afecten directamente o a las personas
que tienen su cuidado, conforme a las
normas establecidas para su proceso de
admisión en establecimientos
educacionales que reciben subvención
a la educación gratuita o aportes del
Estado.



Artículo 21.- Obligaciones de
protección a las víctimas de
violencia de género en el ámbito de
la seguridad pública y penitenciaria
y en la persecución penal. El
Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, el Ministerio Público, los
tribunales de justicia, Carabineros de
Chile y la Policía de Investigaciones
de Chile, dentro de sus respectivas
competencias, deberán adoptar las
medidas para garantizar la debida
protección de las víctimas de
violencia de género.

    La Policía de Investigaciones de
Chile, Carabineros de Chile, el
Ministerio Público, Gendarmería de
Chile y los tribunales de justicia
competentes deberán proveer de todos
los canales de comunicación y
condiciones necesarias para que las
víctimas de violencia de género
puedan informar, de forma expedita y
oportuna, cualquier incumplimiento de
medidas o diligencias decretadas a su
favor por un tribunal de la
República, a efectos de velar por su
cumplimiento.

    El cumplimiento de estas
obligaciones deberá realizarse con
respeto a la dignidad y privacidad de
las víctimas o de quienes comparezcan
en su nombre, procurará reducir o
eliminar su victimización secundaria.



Artículo 22.- Obligaciones
especiales de atención y protección
a las víctimas de violencia de
género en el ámbito laboral. Los
órganos y servicios del Estado
encargados de la fiscalización del
cumplimiento de la legislación
laboral, en especial de las materias
referidas a los derechos fundamentales
de los trabajadores y las
trabajadoras, deberán entregar
directrices de carácter obligatorio
sobre la debida diligencia en los
procedimientos de investigación y
sanción por denuncia de hechos de
violencia de género y acoso en el
trabajo.

     Los reglamentos internos de
orden, higiene y seguridad deberán
adecuar los procedimientos de
investigación sobre violencia de
género y acoso en el trabajo, con el
fin de dar cumplimento a las
obligaciones de debida diligencia y de
no victimización secundaria de la
víctima. La Superintendencia de
Seguridad Social impartirá
instrucciones para tal efecto, las que
deberán disponerse preferentemente en
formato electrónico.

    En los casos en que exista un
proceso judicial o administrativo por
violencia de género en sede laboral,
el empleador, sea éste público o
privado, deberá adoptar las medidas
necesarias para proteger a la
denunciante, reducir o eliminar la
victimización secundaria y evitar
represalias, para la protección de
las personas involucradas. Además, en
caso de que fuera procedente, el
empleador deberá denunciar ante el
organismo competente el incumplimiento
de las medidas cautelares,
establecidas en el artículo 34 que
hayan sido decretadas por un tribunal
con competencia en lo laboral.

    Para todos los efectos, la
Dirección Nacional del Servicio
Civil, conforme al literal q) del
artículo 2° del artículo vigésimo
sexto de la ley N°19.882, que Regula
nueva Política de Personal a los
Funcionarios Públicos que indica,
podrá solicitar a todos los
Ministerios y sus servicios
dependientes o relacionados, contar
con procedimientos y estándares que
permitan prevenir, denunciar y abordar
hechos de violencia de género en los
espacios de trabajo.





              Párrafo III
        Medidas de Articulación
        Interinstitucional  para
     Abordar la Violencia de Género

Artículo 23.- Comisión de
Articulación Interinstitucional para
Abordar la Violencia de Género.
Existirá una Comisión de
Articulación Interinstitucional para
Abordar la Violencia de Género, en
adelante "la Comisión", a la que le
corresponderá la coordinación a
nivel nacional de las medidas
adoptadas por el Estado para la
prevención, sanción y erradicación
de la violencia de género y la
atención, protección y reparación
de las víctimas de ésta.

    El Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género será el órgano
que presida esta Comisión. En esa
calidad deberá liderarla, convocarla
y hacer seguimiento de los acuerdos
alcanzados en ella, los que quedarán
consignados en un acta pública que se
levantará luego de cada sesión.

   La Comisión, además del
Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género, estará integrada por
representantes de los siguientes
organismos:

 1. Poder Judicial.

 2. Ministerio Público.

 3. Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.

 4. Ministerio de Hacienda.

 5. Ministerio de Educación.

 6. Ministerio de Salud.

 7. Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

 8. Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.

 9. Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.

 10. Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género.

 11. Carabineros de Chile.

 12. Policía de Investigaciones de
Chile.

     Adicionalmente, la Comisión, a
través de su presidencia, de oficio o
a petición de alguno de sus
integrantes, podrá convocar a las
instituciones o a los órganos
autónomos con competencias en las
materias que ella conoce, así como a
representantes de la sociedad civil o
a expertas y expertos en la materia.

   La Comisión sesionará
ordinariamente en forma bimensual y
podrá sesionar de manera
extraordinaria, previa citación
fundada de la presidencia. Su trabajo
podrá concluir en propuestas de
coordinación.

    La Comisión destinará, al menos
una sesión ordinaria semestral para
escuchar a personas expertas,
académicas y representantes de la
sociedad civil, para que se pronuncien
sobre la situación de las mujeres, el
ejercicio de sus derechos humanos y de
la equidad de género a nivel
nacional, regional y local.

    Un reglamento expedido por el
Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género establecerá las normas
necesarias para el funcionamiento de
la Comisión.



Artículo 24.- Funciones de la
Comisión de Articulación
Interinstitucional para Abordar la
Violencia de Género. Sin perjuicio de
las funciones que a cada órgano del
Estado le corresponde de conformidad
con esta ley, serán funciones de la
Comisión las siguientes:

 1. Aprobar el Plan Nacional de
Acción contra la Violencia de Género
y sus modificaciones, y conocer el
avance en su cumplimiento y
evaluación.

 2. Coordinar las medidas que adopten
los órganos del Estado en el ámbito
de sus competencias, relativas a la
preven ción de la violencia de
género, atención y protección de
las víctimas, conforme a esta ley.

 3. Informar a los órganos
competentes acerca de las necesidades
sectoriales que deban ser abordadas
para dar cumplimiento a los objetivos
de esta ley. 4. Cumplir las demás
funciones y tareas que ésta u otras
leyes le encomienden, en el ámbito de
sus competencias.



Artículo 25.- Plan Nacional de
Acción contra la Violencia de
Género. El Plan Nacional de Acción
contra la Violencia de Género, en
adelante "el Plan Nacional",
comprenderá el diseño y
articulación de medidas sectoriales e
intersectoriales destinadas a la
prevención, sanción y erradicación
de la violencia de género y al
fortalecimiento de la atención,
protección, reparación y acceso a la
justicia de éstas. Tendrá una
duración de seis años.

    El Plan Nacional contendrá, al
menos, las medidas generales de
prevención de la violencia de género
contenidas en el artículo 9, y los
objetivos de las medidas generales de
atención, protección y reparación
de la violencia de género, descritos
en el artículo 16. Deberá
identificar los derechos que se
abordarán, las acciones y medidas
específicas a ejecutar, los plazos de
ejecución, los órganos y cargos
responsables, así como las metas para
sus acciones y medidas.

    En el diseño, implementación y
evaluación del Plan Nacional se
deberán cumplir los principios
establecidos en el artículo 3,
incorporar el enfoque de género, de
infancia, de derechos humanos y de
interseccionalidad; y contemplar
mecanismos de participación y
rendición de cuentas.

    El Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género deberá elaborar y
proponer el Plan Nacional y
presentarlo a la Comisión para su
aprobación. Asimismo, deberá
evaluarlo, hacer seguimiento a su
implementación y proponer
modificaciones, las que serán
presentadas ante dicha Comisión. El
Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género también podrá prestar
asistencia técnica a los diversos
órganos para el cumplimiento de los
compromisos incorporados en dicho
Plan.

    El Plan Nacional será sancionado
mediante decreto supremo expedido por
el Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género, previa aprobación de la
referida Comisión.



Artículo 26.- Sistema Integrado de
Información sobre Violencia de
Género. Facúltase al Ministerio de
la Mujer y la Equidad de Género para
crear y administrar un Sistema
Integrado de Información sobre
Violencia de Género, en adelante "el
Sistema", orientado a mejorar la
respuesta estatal frente a ella, de
forma integral e intersectorial con
las instituciones que integran la
Comisión y los demás órganos de la
Administración del Estado con
competencias en materia de violencia
de género. Dicho Sistema deberá ser
seguro, interoperable, de fácil
acceso y encontrarse actualizado.

    Los objetivos de este Sistema
serán los siguientes:

 1. Crear un expediente único de
organización de datos personales e
información necesaria sobre los casos
de violencia de género, con el fin de
permitir el diseño y levantamiento de
alertas tempranas respecto de las
víctimas que estén siendo asistidas
por los órganos del Estado con
competencia para ello.

 2. Proveer de la información
necesaria para el diseño e
implementación de mecanismos de
priorización para la atención de
víctimas de casos de violencia de
género, según su nivel de riesgo.

 3. Generar información anonimizada
de datos estadísticos con el fin de
analizar y evaluar el impacto de las
políticas públicas orientadas a la
prevención, sanción y erradicación
de la violencia de género.

     La información contenida en el
Sistema estará disponible para las
instituciones que integran la
Comisión. Asimismo, estará
disponible para los órganos de la
Administración del Estado que cumplan
funciones o intervengan en materia de
violencia de género, siempre que
hayan celebrado previamente un
convenio de transferencia de datos con
el Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género, y resguarden la
confidencialidad de los datos, de
conformidad con lo dispuesto en la ley
N°19.628, sobre Protección de la
Vida Privada. En dichos convenios se
deberán especificar sus fundamentos
legales, los fines concretos con los
cuales se acuerda la transferencia de
datos, la precisión del tipo de datos
a transferir y el tratamiento
específico que se les otorgará.

     El Sistema permitirá que,
previa celebración de los convenios
señalados en el inciso anterior, las
instituciones que integran la
Comisión puedan intercambiar por
medios electrónicos, de manera
interconectada y centralizada, dentro
de sus respectivas competencias, los
datos personales de las víctimas de
violencia de género. Dichas
instituciones deberán proporcionar la
información necesaria para que este
Sistema pueda operar de manera
adecuada para el cumplimiento de sus
funciones y fines.

    Un reglamento expedido por el
Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género regulará la estructura,
información y contenido del Sistema,
las normas respecto a los
requerimientos de información, y toda
otra disposición que resulte
necesaria para su adecuada
administración y funcionamiento,
incluyendo normas sobre seguridad de
la información y actualización de
ésta.



Artículo 27.- Datos personales de
las víctimas registrados en el
Sistema Integrado de Información
sobre Violencia de Género. Los datos
personales de las víctimas que se
registren en este Sistema revisten,
para todos los efectos legales, el
carácter de sensible y, salvo las
disposiciones legales que autorizan su
tratamiento, no podrán ser
comunicados a terceras personas, con
excepción de aquellas autorizadas por
ley.

     Las víctimas, respecto de su
información, tendrán todos los
derechos establecidos en el Título II
de la ley N°19.628, sobre Protección
de la Vida Privada.



Artículo 28.- Deber de reserva y
confidencialidad respecto de la
información y datos contenidos en el
Sistema Integrado de Información
sobre Violencia de Género. Sólo
tendrá acceso a este Sistema el
personal que cumpla funciones o
intervenga en materia de violencia de
género, siempre que se haya celebrado
el respectivo convenio de
transferencia de datos al que alude el
artículo 26, ya sea que se desempeñe
en su cargo en calidad de funcionario
público, en virtud de una
contratación a honorarios o un
contrato de trabajo, que preste
servicios en las instituciones que
forman parte de la Comisión o en el
resto de los órganos de la
Administración del Estado.

    El personal que tenga acceso de
cualquier modo al Sistema deberá
guardar reserva y secreto absoluto de
la información o datos que tome
conocimiento. Asimismo, le estará
prohibido usar dicha información o
datos en beneficio propio o de
terceros.

     Para efectos de lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 125 de
la ley N°18.834, sobre Estatuto
Administrativo, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto con fuerza de ley
N°29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, se estimará que los hechos
que configuren infracciones a esta
disposición vulnerarán gravemente el
principio de probidad administrativa,
sin perjuicio de las demás sanciones
y responsabilidades que procedan.





               TÍTULO III
        DEL ACCESO A LA JUSTICIA
        DE LAS  MUJERES FRENTE A
         LA VIOLENCIA DE GÉNERO

               Párrafo I
         Disposiciones Generales

Artículo 29.- Ámbito de aplicación
y competencia. Las normas contenidas
en este título se aplicarán a la
violencia física, sexual,
psicológica y económica, cometida en
contra de las mujeres en razón de su
género. Las formas de violencia
mencionadas en el inciso precedente
que sean constitutivas de delito
serán conocidas por tribunales con
competencia en lo penal. Por su parte,
aquellas que no sean constitutivas de
delitos, serán conocidas por los
tribunales u órganos competentes
según la materia de que se trate.



Artículo 30.- Obligaciones generales
de los órganos del Estado frente a
las denuncias por hechos de violencia
de género. En todas las
investigaciones y en todos los
procesos judiciales y administrativos
sobre violencia de gén ero contra las
mujeres se cumplirán las siguientes
obligaciones:

 1. Debida diligencia. Quienes
investiguen o juzguen hechos de
violencia de género y quienes se
encuentren a cargo de la protección y
la seguridad de las víctimas deberán
adoptar medidas oportunas, idóneas,
independientes, imparciales y
exhaustivas para garantizar el derecho
de las víctimas a una vida libre de
violencia, al acceso a la justicia y a
la reparación. Deberán considerar
especialmente las situaciones de
vulnerabilidad o discriminaciones
múltiples en que pueden hallarse.
Asimismo, deberán garantizar el
derecho de las víctimas a participar
del procedimiento y acceder a la
información sobre el estado de la
investigación.

 2. No victimización secundaria.
Quienes investiguen o juzguen hechos
de violencia contra las mujeres y
quienes se encuentren a cargo de la
protección o la seguridad de las
víctimas, evitarán o disminuirán
cualquier perturbación negativa que
éstas hayan de soportar con ocasión
de su interacción con los servicios
públicos que otorgan atención o
protección en materia de violencia de
género o en los procesos judiciales.



Artículo 31.- Primeras diligencias
ante denuncias por violencia de
género. Si la denuncia por violencia
de género se realiza en el tribunal
de familia, éste deberá adoptar las
medidas pertinentes en el más breve
plazo para la protección de la
víctima, sus hijos o hijas y las
personas que se encuentren bajo su
cuidado, cuando así corresponda.

    Cuando se trate de hechos de
violencia de género constitutiva de
delito o violencia intrafamiliar, en
caso de flagrancia, Carabineros de
Chile y la Policía de Investigaciones
de Chile deberán proceder, en
conformidad con lo prescrito en los
artículos 83, 84 y 129 del Código
Procesal Penal y en el artículo 83 de
la ley N°19.968, que crea los
Tribunales de Familia.

    Las funcionarias y los
funcionarios policiales deberán
entregar a la víctima información
completa acerca de sus derechos y la
oportunidad para ejercerlos. El parte
policial se redactará de la manera
más completa posible, consignará en
forma exhaustiva los hechos y las
diligencias realizadas, e incluirá
los antecedentes y medios de prueba
recabados, cuando corresponda.
Asimismo, evitarán cualquier
inducción o cuestionamiento del
relato de la denunciante, registrarán
en detalle la información acerca de
los posibles testigos y tendrán que
cumplir especialmente con lo dispuesto
en los artículos 173 y 175 del
Código Procesal Penal en lo relativo
a las denuncias, así como con lo
establecido en el artículo 79 del
mismo Código, en lo que dice
relación con el desarrollo de las
actuaciones en la investigación de
eventuales hechos constitutivos de
delitos.

   Si los hechos de violencia tienen
lugar en recintos penitenciarios
Gendarmería de Chile deberá prestar
asistencia y protección a la
víctima, en virtud de lo indicado por
su ley orgánica, y actuar en
conformidad con el inciso anterior.



Artículo 32.- Derechos y garantías
procedimentales de las víctimas de
violencia de género. Las víctimas de
violencia de género son titulares de
los siguientes derechos y garantías:

 1. Contar con asistencia y
representación judicial.

 2. No ser enjuiciadas,
estigmatizadas, discriminadas ni
cuestionadas en base a estereotipos de
género, por su relato, conductas o
estilo de vida.

 3. Obtener una respuesta oportuna,
efectiva y debidamente fundada a sus
denuncias o peticiones ante los
órganos en que se efectúen.

 4. Ser oídas por el tribunal o el
órgano administrativo que conozca del
respectivo procedimiento al momento de
adoptarse una decisión que las
afecte.

 5. Recibir protección a través de
las medidas contempladas en la
legislación, cuando se encuentren
amenazados o vulnerados sus derechos a
la vida, integridad física o
psíquica, indemnidad sexual o
libertad personal, y solicitar medidas
de protección para sus hijos o hijas
o para las personas que se encuentren
bajo su cuidado, cuando proceda.

 6. Recibir protección para sus
datos personales y los de sus hijos o
hijas, respecto de terceros, y de su
intimidad, honor y seguridad, para lo
cual el tribunal o el órgano
administrativo que conozca del
respectivo procedimiento dispondrá
las medidas que sean pertinentes, a
petición de parte.

 7. Participar en el procedimiento y
recibir información clara, oportuna y
completa. En particular, podrán
obtener información personalmente,
sin necesidad de requerirla a través
de un abogado o una abogada.

 8. A ser informada sobre las medidas
de reparación que puede solicitar en
el proceso.



Artículo 33.- Situación de riesgo
inminente de padecer violencia de
género. Cuando exista una situación
de riesgo inminente de sufrir una
acción u omisión constitutiva de
alguna de las formas de violencia de
género descritas en los numerales 1 a
4 del artículo 6, el tribunal
competente, con el solo mérito de la
demanda o denuncia, deberá adoptar
las medidas de protección o
cautelares que correspondan.

      Se presumirá que existe una
situación de riesgo inminente cuando
concurra cualquiera de las siguientes
circunstancias:

 1. Que haya precedido intimidación
por parte de quien agrede, expresada
por cualquier vía, en acciones tales
como hostigamiento, acecho,
amedrentamiento o intromisión en
espacios públicos, laborales u otros
privados de la víctima.

 2. Que concurran, respecto de quien
ejerce la violencia circunstancias o
antecedentes tales como drogadicción,
alcoholismo, una o más denuncias por
violencia intrafamiliar, condena
previa por violencia intrafamiliar,
procesos pendientes o condenas previas
por crimen o simple delito contra las
personas o por alguno de los delitos
establecidos en los párrafos 5 y 6
del Título VII, del Libro II del
Código Penal o por infracción a la
ley Nº17.798, sobre Control de Armas,
cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el
decreto Nº400, de 1977, del
Ministerio de Defensa Nacional.

 3. Que la persona denunciada haya
opuesto mediante actos de violencia su
negativa a aceptar el término de una
relación afectiva que ha mantenido
con la víctima.

 4. Que una persona mayor, dueña,
poseedora o mera tenedora de un
inmueble que legítimamente ocupa para
residir, sea expulsada por quien la
agrede, relegada a sectores
secundarios o se le restrinja o limite
su desplazamiento al interior de ese
bien raíz por el denunciado.

 5. Que la víctima se encuentre en
una situación de dependencia
económica de quien la agrede.

    Además, el tribunal cautelará
especialmente los casos en que la
víctima se encuentre en situaciones
de especial vulnerabilidad a la
violencia, tales como su calidad de
migrante, refugiada o desplazada,
estar embarazada, ser una persona
mayor, con discapacidad, menor de 18
años o cualquier otra condición de
vulnerabilidad debidamente calificada
por el tribunal.



Artículo 34.- Medidas cautelares
especiales frente a situaciones de
riesgo inminente de padecer violencia
de género. Frente a las situaciones
descritas en el artículo anterior, el
tribunal competente, sin perjuicio de
otras medidas que estime pertinentes,
podrá adoptar una o más de las
siguientes medidas cautelares:

 1. Obligar a quien agrede a
abandonar el hogar que comparte con la
víctima. El tribunal dispondrá en el
más breve plazo la forma en que la
persona en contra de quien se ha
decretado la medida cautelar retirará
sus efectos personales. Si fuera el
caso, podrá oficiar a Carabineros de
Chile para que custodie su
concurrencia el día del retiro, de
modo de garantizar la seguridad de la
víctima.

 2. Asegurar la entrega material de
los efectos personales de la víctima
que haya huido u optado por no
regresar al hogar común, producto de
los hechos que denuncia. La víctima
podrá siempre solicitar al tribunal
se decrete la medida contemplada en el
número precedente.

 3. Prohibir a quien ejerce violencia
acercarse a la víctima y prohibir o
restringir su presencia en el hogar
común, en el domicilio, lugar de
estudios o de trabajo de ésta, así
como en cualquier otro lugar en que la
víctima permanezca, concurra o visite
habitualmente.

    Si la víctima y quien la agrede
trabajan o estudian en el mismo lugar
o son parte de la misma organización,
se oficiará al empleador o
empleadora, o a la autoridad del
establecimiento u organización
respectiva, para que adopte las
medidas de resguardo necesarias, y
dará cuenta al tribunal. El tribunal
deberá informar el plazo por el cual
dichas medidas son decretadas.

 4. Prohibir o restringir todo tipo
de comunicaciones de quien ejerce
violencia respecto de la víctima.

 5. Fijar alimentos provisorios,
siempre que concurran los requisitos
legales para su procedencia.

 6. Regular un régimen provisorio de
cuidado personal de los niños, niñas
o adolescentes en conformidad con el
artículo 225 del Código Civil, en
caso que no esté judicialmente
regulado y así se requiera en virtud
de los antecedentes que fundan la
solicitud de la medida cautelar, y
establecer la forma en que se
mantendrá una relación directa y
regular entre los progenitores y sus
hijos o hijas; siempre que ello
favorezca la satisfacción de su
interés superior y su condición de
víctimas directas de la violencia
ejercida contra su madre o cuidadora.
Los niños, niñas y adolescentes,
podrán ser oídos en audiencia
reservada si así lo solicitan.

    Si el tribunal decreta alguna de
las medidas dispuestas en los
numerales 1, 3 y 4 en contra de quien
no ejerce el cuidado personal de los
niños, niñas y adolescentes, se
decretará también la suspensión de
la relación directa y regular si ya
se encuentra establecida, conforme lo
dispuesto en el párrafo precedente y
en el inciso final del artículo 229
del Código Civil, salvo que existan
antecedentes fundados para que dicha
suspensión no concurra, caso en el
cual se deberá resolver su
procedencia en audiencia especial al
efecto.

 7. Decretar la prohibición de
celebrar actos o contratos sobre
bienes determinados.

 8. Prohibir el porte y tenencia de
cualquier arma de fuego, municiones y
cartuchos; disponer la retención de
éstos y prohibir la adquisición o
almacenaje de los objetos
singularizados en la ley Nº17.798,
sobre Control de Armas. De ello se
informará, según corresponda, a la
Dirección General de Movilización
Nacional, a la institución a la que
pertenece o a la comandancia de
guarnición para los fines legales y
reglamentarios pertinentes. Con todo,
la persona en contra de la cual se ha
decretado esta medida podrá solicitar
ser excluida de ésta en caso de
demostrar que sus actividades
industriales, comerciales o mineras
requieren de alguno de esos elementos.

 9. La asistencia a programas de
tratamiento de rehabilitación de
drogas y alcohol, si se presenta un
consumo problemático de dichas
sustancias, de intervención
psicosocial, terapéuticos o de
orientación familiar. Las
instituciones que desarrollen dichos
programas darán cuenta al respectivo
tribunal de la intervención o
tratamiento que deba realizar, y de su
inicio y término.

 10. Decretar la reserva de la
identidad de la denunciante, de sus
hijos o hijas o de las personas que se
encuentren bajo su cuidado, en caso de
que proceda, y de los testigos.

 11. Si se trata de mujeres mayores
en situación de desamparo que
requiera de cuidados, el tribunal
podrá decretar la internación de la
afectada en un establecimiento de
larga estadía de personas mayores,
reconocido por la autoridad
competente, previo consentimiento de
la víctima, si es que puede
otorgarlo.

 12. Si la víctima es menor de 18
años, el tribunal con competencia en
materias de familia, además de las
medidas mencionadas en este artículo,
podrá adoptar las medidas cautelares
contempladas en el artículo 71 de la
ley N°19.968, si se verifican todos
los requisitos y condiciones previstos
en dicha norma. Si quien conoce de la
cau sa es un juzgado de garantía,
pondrá los antecedentes en
conocimiento del tribunal de familia
competente para los mismos efectos.



Artículo 35.- Notificación de las
medidas cautelares. Si las medidas
cautelares se decretan en presencia
del ofensor, el tribunal le conminará
a cumplir cabalmente las obligaciones
y prohibiciones impuestas. Si ese no
fuera el caso, ordenará que se le
conmine en el momento de la
notificación, la que deberá ser
realizada de forma expedita.

    El tribunal ordenará de la
manera más expedita posible la
notificación al ofensor de las
medidas que se adopten y cautelará
especialmente que se resguarde la
seguridad de la víctima, para lo cual
podrá requerir el auxilio de la
fuerza pública. Se dejará registro
expreso en la causa de las medidas que
se adopten para cautelar la seguridad
de la víctima y del seguimiento de
dichas medidas.

    Una vez practicada la
notificación se deberá comunicar de
inmediato esta circunstancia, en la
forma y por los medios más expeditos
posibles, al tribunal que haya
decretado la medida, a Carabineros de
Chile o la Policía de Investigaciones
de Chile y a la fiscalía local
competente, en los casos que
corresponda.



Artículo 36.- Medidas accesorias
especiales en las causas de violencia
de género. El tribunal de familia o
el tribunal con competencia en lo
penal que conozca de una causa sobre
violencia de género, según
corresponda, deberá establecer en la
sentencia una o más de las siguientes
medidas accesorias:

 1. Obligación de la persona
condenada de abandonar el hogar que
comparte con la víctima. El tribunal
dispondrá la forma en que la persona
condenada retirará sus efectos
personales. Si fuera el caso,
oficiará a Carabineros de Chile para
que custodie su concurrencia el día
del retiro, de modo de garantizar la
seguridad de la víctima.

 2. Prohibición de acercarse a la
víctima o a su domicilio, lugar de
trabajo o estudio, así como a
cualquier otro lugar al que ésta
concurra o visite habitualmente. Si
ambas personas trabajan o estudian en
el mismo lugar o son parte de la misma
organización, se oficiará al
empleador o empleadora, o a la
autoridad del establecimiento u
organización respectiva, para que
adopte las medidas de resguardo
necesarias, e informe al tribunal para
efectos de la supervisión judicial.

 3. Prohibir o restringir las
comunicaciones de la persona condenada
por hechos de violencia de género
respecto de la víctima.

 4. Prohibición de porte y tenencia
de cualquier arma de fuego, municiones
y cartuchos; disponer la retención de
estos y prohibir la adquisición o
almacenaje de los objetos
singularizados en la ley Nº17.798,
sobre Control de Armas. De ello se
informará, según corresponda, a la
Dirección General de Movilización
Nacional, a la institución a la que
pertenece o a la comandancia de
guarnición, para los fines legales y
reglamentarios que correspondan. Con
todo, la persona condenada con esta
medida accesoria podrá solicitar ser
excluido de ésta en caso de demostrar
que sus actividades industriales,
comerciales o mineras requieren de
alguno de esos elementos.

 5. La asistencia a programas de
intervención psicosocial de
reeducación de la violencia,
terapéuticos o de orientación
familiar. Si la persona condenada
presenta un consumo problemático de
drogas y alcohol, el tribunal
impondrá la obligación de someterse
a un tratamiento de rehabilitación.
Las instituciones que desarrollen
dichos programas darán cuenta al
respectivo tribunal de la
intervención o tratamiento que deba
realizar, y de su inicio y término.

 6. Obligación de presentarse
regularmente ante la unidad policial
que determine el tribunal.

     El tribunal fijará
prudencialmente el plazo de las
medidas accesorias descritas en este
artículo, el que no podrá ser
inferior a seis meses ni superior a
dos años, atendidas las
circunstancias que las justifiquen. La
duración de las medidas podrá
prorrogarse a petición de la
víctima, si se mantienen los hechos
que las justificaron, o de oficio por
el tribunal, en consideración a los
antecedentes proporcionados por la
institución encargada del programa de
que se trate, en la audiencia de
supervisión judicial.

    En caso de decretarse una medida
cuya ejecución permita prever que la
víctima y la persona condenada puedan
enc ontrarse, el tribunal podrá
decretar, de oficio o a petición de
parte, la presencia de Carabineros de
Chile cuando fuera necesario para
resguardar la seguridad de la
víctima.



Artículo 37.- De la asistencia y
representación judicial a las
víctimas de violencia de género. El
Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género, a requerimiento de
las víctimas, podrá interponer
acciones judiciales, asumir el
patrocinio y representación de las
mujeres víctimas de los hechos de
violencia de género.

     En todo caso, y sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 111 del
Código Procesal Penal, el Servicio
Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género deducirá querella respecto de
los hechos que se estimen
constitutivos de los delitos de
femicidio y suicidio femicida.

    El Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género expedirá un
reglamento que será suscrito por el
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el que establecerá los
estándares técnicos y requisitos
formales para la representación de
las mujeres víctimas de violencia de
género, así como criterios de
prelación y pertinencia. Dicho
reglamento velará por el derecho de
acceso a la justicia de todas las
víctimas de violencia de género, con
pleno respeto a los principios
reconocidos en el artículo 3.

     El Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género podrá
celebrar convenios, preferentemente,
con entidades públicas para efectos
de dar cumplimiento a lo dispuesto en
este artículo. En el caso de
convenios con entidades privadas,
éstas deberán sujetarse a los
requisitos sobre experiencia,
conocimientos y otros que establezca
el reglamento. En ambos casos, el
Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género mantendrá para sí
la supervigilancia técnica.





               Párrafo II
        De los casos de violencia
       de género de conocimiento
      de los tribunales de familia

Artículo 38.- Competencia de los
tribunales de familia. Los actos de
violencia de género que no
constituyan delito y que sean de
competencia de los tribunales de
familia, serán conocidos por éstos y
se sujetarán a las disposiciones
contenidas en los párrafos I y II de
este Título. Supletoriamente, en
aquello que esta ley no disponga, se
sujetarán a las leyes N°20.066, que
establece Ley de Violencia
Intrafamiliar y N°19.968, que crea
los Tribunales de Familia.



Artículo 39.- Sanción al maltrato
constitutivo de violencia de género.
Se castigará el maltrato constitutivo
de violencia de género que no reviste
caracteres de delito, con una multa de
cinco a treinta unidades tributarias
mensuales a beneficio del gobierno
regional del domicilio de la víctima,
para ser destinada a los programas y
centros de atención de mujeres
víctimas de violencia ya existente en
la región respectiva y que sean de
financiamiento público o privado.

    El condenado deberá acreditar el
pago de la multa dentro de los cinco
días siguientes a la fecha en que la
sentencia quede firme y ejecutoriada,
a menos que el tribunal por motivos
fundados prorrogue dicho término
hasta por quince días.

    El tribunal podrá, tanto en la
sentencia como en su ejecución,
atendidas las circunstancias,
autorizar el pago de la multa por
parcialidades, dentro de un límite
que no exceda el plazo de un año. El
no pago de una sola de las
parcialidades, hará exigible el total
de la multa adeudada.



Artículo 40.- Incompetencia y
remisión de antecedentes. Si con
ocasión del examen de la denuncia o
de la demanda, o del conocimiento de
cualquier antecedente introducido
durante el curso del procedimiento se
concluye que los hechos revisten
caracteres de delito, el tribunal
declarará su incompetencia por
resolución fundada.

    Esa resolución se comunicará al
Ministerio Público con todos los
antecedentes fundantes. Asimismo,
dicha resolución se comunicará al
juzgado de garantía competente.

     Si el tribunal de familia ha
dictaminado medidas cautelares, el
tribunal de garantía fijará una
audiencia para su revisión con al
menos diez días de anticipación a su
vencimiento, y citará a todos los
intervinientes.



Artículo 41.- Supervisión judicial.
Las medidas cautelares, medidas
accesorias y las condiciones para la
suspensión condicional de la
dictación de la sentencia deberán
ser supervisadas judicialmente por el
tribunal que las decretó. En el caso
de que el tribunal sea incompetente,
será de competencia del tribunal
penal que le corresponda conocer de
los hechos.

      En el caso que se realice
supervisión judicial a través de
audiencias, el tribunal podrá citar a
quien ha sido denunciado de ejercer
violencia de género para comparecer
personalmente bajo apercibimiento de
arresto, sin perjuicio de poder
hacerlo acompañado de su abogado,
abogada o representante legal. La
necesidad de fijar audiencias
atenderá a las circunstancias de cada
caso.

     La ausencia injustificada del
denunciado de ejercer violencia de
género dará lugar a la
intensificación de la medida impuesta
o a la revocación de la suspensión
condicional de la dictación de la
sentencia. La víctima será siempre
notificada y podrá comparecer
personal o debidamente representada a
las audiencias de supervisión
judicial.





              Párrafo III
      De la violencia de género de
     conocimiento de los tribunales
                 penales

Artículo 42.- Legislación
aplicable. Los hechos de violencia de
género que constituyan delito se
sujetarán al procedimiento
establecido en el Código Procesal
Penal, a las disposiciones contenidas
en los párrafos I y III de este
Título y, supletoriamente en aquello
que esta ley no disponga, a la ley
N°20.066, que establece ley de
Violencia Intrafamiliar.



Artículo 43.- Improcedencia de
atenuante de responsabilidad. En los
procesos judiciales por delitos
constitutivos de violencia de género,
en los términos establecidos en el
artículo 29, el tribunal no podrá
aplicar la atenuante de
responsabilidad contenida en el N°5
del artículo 11 del Código Penal.



Artículo 44.- Acuerdos reparatorios.
En los procesos por delitos
constitutivos de violencia de género,
el tribunal deberá evaluar y
justificar la pertinencia de los
acuerdos reparatorios, considerar su
aplicabilidad cuando fuera relevante
para la reparación de la víctima, y
negar su procedencia cuando se afecte
la seguridad u otro derecho de ésta.

    Si se trata de casos
constitutivos de violencia
intrafamiliar se estará a lo
dispuesto en el artículo 19 de la ley
N°20.066, que establece ley de
Violencia Intrafamiliar.



Artículo 45.- Suspensión
condicional del procedimiento. Para
decretar la suspensión condicional
del procedimiento, el tribunal con
competencia en lo penal impondrá como
condición una o más de las medidas
accesorias establecidas en el
artículo 36, sin perjuicio de las
demás que autoriza el artículo 238
del Código Procesal Penal. En ningún
caso podrá decretarse la suspensión
del procedimiento e imponerse como
única condición a la persona
imputada la medida de asistencia a
programas terapéuticos o de
orientación familiar.

     Al decretar la suspensión
condicional del procedimiento, se
procurará otorgar seguridad a la
víctima, para lo cual se considerará
si aquella se encuentra en alguna de
las situaciones de riesgo inminente de
padecer violencia de género descritas
en el artículo 33, el comportamiento
de la persona imputada, la existencia
de antecedentes y denuncias previas,
entre otros antecedentes que se
estimen relevantes para dicho fin.

    La víctima y su representante
legal siempre deberán ser notificados
de la citación a la audiencia en que
se discuta la solicitud de suspensión
condicional del procedimiento. Durante
dicha audiencia, si la víctima o su
representante legal se encuentran
presentes, serán oídos por el
tribunal y su opinión será
debidamente considerada.

    Para dar cumplimiento a lo
establecido en el inciso anterior, el
tribunal deberá ofrecer a la víctima
la posibilidad de emitir su opinión
en audiencia reservada, cautelar su
seguridad, evitar cualquier tipo de
presión sobre ella por parte de la
persona imputada, proporcionarle toda
la información para que su decisión
sea informada y, cuando se trate de un
niño, niña o adolescente, atender
debidamente a su interés superior.



Artículo 46.- Retractación de la
víctima. En caso de existir
antecedentes fundados sobre la
retractación de la víctima, deberá
atenderse a lo dispuesto en el
artículo 331 literal f) del Código
Procesal Penal.



Artículo 47.- Medida accesoria de
tratamiento para rehabilitación de
consumo problemático de drogas y
alcohol. Durante la etapa de
investigación, los intervinientes
podrán solicitar al tribunal que
decrete la obligación de la persona
imputada de asistir a una evaluación
por un médico calificado para
determinar si ésta presenta o no
consumo problemático de drogas o
alcohol. El tribunal accederá a lo
solicitado si existen antecedentes que
permitan presumir dicho consumo
problemático, salvo que la persona
imputada acceda voluntariamente a
someterse a esta medida, en el marco
del procedimiento simplificado o del
procedimiento abreviado, según lo
establecen los artículos 395 y 406
del Código Procesal Penal,
respectivamente.

     Si se decreta la evaluación y
la persona imputada se resiste o se
niega a la práctica de el o los
exámenes correspondientes, el
tribunal podrá considerar dicha
resistencia o negativa como
antecedente al resolver la
sustitución de la pena privativa o
restrictiva de libertad.

     Si el tribunal decreta que la
persona imputada debe someterse a un
tratamiento conforme a la evaluación
referida en el inciso primero, éste
podrá consistir en la asistencia a
programas ambulatorios, la
internación en centros especializados
o una combinación de ambos tipos de
tratamiento, según el caso.

    La supervisión judicial de esta
medida será entregada al Programa de
Tribunales de Tratamiento de Drogas si
el tribunal cuenta con dicho programa,
sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 17 bis de la ley N°18.216,
que establece penas que indica como
sustitutivas a las penas privativas o
restrictivas de libertad.



Artículo 48.- Obligaciones de
protección del Ministerio Público.
El Ministerio Público dispondrá las
medidas necesarias para asegurar la
debida protección a las víctimas y a
las personas que se encuentren bajo su
cuidado, de conformidad con los
artículos 78 y 78 bis del Código
Procesal Penal, tanto a través de la
adopción oportuna de medidas de
protección que no impliquen la
restricción de derechos de terceros,
como de la solicitud de dictación de
medidas cautelares judiciales.
Asimismo, informará sobre las medidas
de reparación que puede solicitar en
el proceso.

     En estos casos, las y los
fiscales del Ministerio Público
darán prioridad a la adopción de
medidas de protección y solicitud de
medidas cautelares orientadas a la
prevención de acciones de represalia
en contra de la víctima y al
resguardo de su seguridad antes,
durante y después de la realización
de cualquier actuación o diligencia
judicial o investigativa que suponga
la presencia simultánea de la
víctima y la persona imputada en el
mismo lugar. Quienes dirijan la
investigación penal, cuando resulte
procedente, podrán ordenar el
acompañamiento policial de la
víctima, sin perjuicio de otras
medidas que resulten idóneas para
resguardar efectivamente su seguridad
e integridad personal en atención a
la situación de riesgo en que ésta
se encuentre.



Artículo 49.- Deber de conocimiento
de las y los fiscales del Ministerio
Público. La o el fiscal al que se le
asigne la investigación de un hecho
que revista carácter de delito y sea
constitutivo de violencia de género,
deberá conocer a través de los
sistemas de que disponga el Ministerio
Público, incluido el mencionado en el
artículo 26, de todos los
antecedentes relevantes para la
tramitación de la causa, tales como
la existencia de otras causas en
actual tramitación o archivadas
provisionalmente, mientras no haya
prescrito la acción penal, entre
otros.



Artículo 50.- Supervisión judicial
en materias penales. El juez de
garantía o el tribunal de juicio oral
en lo penal, según corresponda,
deberá supervisar el cumplimiento de
las medidas cautelares, de las
condiciones de suspensión condicional
del procedimiento y de las medidas
accesorias que ordenare en las causas
de que conociere.

    Al efecto, el tribunal fijará
audiencias periódicas, según la
frecuencia que determine en
consideración a las circunstancias de
cada caso, sin perjuicio de otras
modalidades de supervisión.

    A las audiencias comparecerá
personalmente la persona afectada con
una medida cautelar, y se le citará
bajo los apercibimientos previstos en
el artículo 33 del Código Procesal
Penal.

    La víctima será siempre
notificada y podrá asistir a estas
audiencias personalmente o
representada por su abogado o abogada.

    El Ministerio Público y el
defensor o defensora de la persona
imputada deberán asistir a las
audiencias de supervisión judicial.

    En caso de incumplimiento de
medidas cautelares, condiciones de
suspensión condicional del
procedimiento o medidas accesorias
decretadas de conformidad con lo
dispuesto en esta ley, el juez pondrá
en conocimiento del Ministerio
Público los antecedentes para los
efectos de lo previsto en el inciso
segundo del artículo 240 del Código
de Procedimiento Civil.



Artículo 51.- Reglas especiales para
los casos de violencia sexual. En las
investigaciones y en los
procedimientos judiciales sobre actos
de violencia sexual contra la mujer,
se observarán las siguientes reglas:

 1. Se prohíbe indagar en los
comportamientos sexuales previos o
posteriores de la víctima, salvo que
el Ministerio Público, la defensa o
el tribunal lo estime estrictamente
indispensable para el esclarecimiento
de los hechos. Cuando esta
circunstancia proceda deberá velarse
porque la investigación sobre el
comportamiento sexual de la víctima
se realice sin incurrir en
estereotipos de género, ni reproducir
estereotipos discriminatorios contra
las mujeres, ni generar victimización
secundaria.

   Asimismo, la credibilidad o
disponibilidad sexual de la víctima o
de un testigo no podrá inferirse de
la naturaleza sexual del
comportamiento anterior o posterior de
la víctima o del testigo.

 2. No se atenderá al tiempo
transcurrido entre la comisión de los
hechos y la presentación de la
denuncia para la solicitud o el
otorgamiento de una medida de
protección o cautelar, ni para
adoptar una decisión de término, sin
perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 93 y siguientes del Código
Penal.

 3. Las mujeres víctimas de
violencia sexual tienen derecho a que
se reserve en todo momento su
intimidad y privacidad, a que se
mantenga respecto de terceros ajenos
al procedimiento la confidencialidad
sobre su nombre, residencia,
domicilio, teléfono, lugar de trabajo
o estudio, entre otros, incluyendo la
de su familia y personas
significativas. Esta protección es
irrenunciable para las víctimas
menores de 18 años.

     En resguardo de dicho derecho a
la intimidad, los y las intervinientes
deberán abstenerse de realizar
pruebas que impliquen una intromisión
irracional, innecesaria y
desproporcionada en la vida íntima de
la víctima.

 4. La víctima trabajadora podrá
aportar antecedentes pertinentes en
sede laboral y fiscalizaciones
respecto de hechos de acoso sexual o
acoso por razón de género en el
contexto laboral, frente a la
Dirección del Trabajo o su empleador,
según corresponda. Para efectos de lo
anterior, el Ministerio Público o el
tribunal determinará la necesidad de
solicitar la remisión de los
antecedentes de investigaciones o
denuncias administrativas que existan
en sede laboral cuando la persona
denunciada comparta o haya compartido
el mismo espacio laboral o la misma
institución empleadora, o con motivo
del desempeño de sus funciones o en
circunstancias relacionadas con su
trabajo, mantenga o haya mantenido un
vínculo con dicha persona.





               TÍTULO IV
      MODIFICACIONES A OTRAS NORMAS
                 LEGALES

Artículo 52.- Introdúcense las
siguientes modificaciones en el
Código Civil:

 1. Reemplázase, en el artículo 968
el numeral 1 por el siguiente: "1°.
El que ha cometido el crimen de
homicidio, femicidio, parricidio o
infanticidio en la persona del
difunto, o ha intervenido en este
crimen por obra o consejo, o la dejó
perecer pudiendo salvarla;".

 2. En el artículo 969:

 a) Reemplázase en el inciso primero
la frase "cometido en", por la frase
", femicidio, parricidio, infanticidio
o cualquier otro delito que atente en
contra de la vida de".

 b) Agrégase, en el inciso tercero,
después de la coma que sigue a la
palabra "homicidio" la frase
"femicidio, parricidio,
infanticidio,".



Artículo 53.- Reemplázase el inciso
tercero del artículo 18 de la ley
N°19.970, que crea el Sistema
Nacional de Registros de ADN, por el
siguiente: "En cualquier caso, las
huellas genéticas contenidas en los
Registros de Imputados, de Víctimas,
y de Evidencias y Antecedentes, previa
autorización del Ministerio Público,
podrán ser eliminadas una vez
transcurridos treinta años desde su
incorporación en ellos.".



Artículo 54.- Introdúcense las
siguientes modificaciones en la ley
N°20.066, que establece ley de
Violencia Intrafamiliar:

 1. Sustitúyese su artículo 1 por
el siguiente: "Artículo 1.- Objeto de
la ley. Esta ley tiene por objeto
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia intrafamiliar y todas las
formas y manifestaciones de violencia
que se ejercen dentro del espacio
doméstico, de las familias y de las
relaciones de pareja; y otorgar
protección efectiva a quienes la
sufren.

   En la interpretación y
aplicación de la presente ley, las
autoridades tendrán en consideración
todos los derechos y garantías que
les son reconocidos a las personas en
la Constitución, en las leyes, en la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos; en la Convención sobre los
Derechos del Niño; la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer; la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer; la
Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores; la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y en los demás
instrumentos internacionales
ratificados por Chile que se
encuentren vigentes.".

 2. Agrégase, en el artículo 2 el
siguiente inciso segundo:
"Corresponderá especialmente a los
ministerios de la Mujer y la Equidad
de Género, del Interior y Seguridad
Pública, de Desarrollo Social y
Familia, de Justicia y Derechos
Humanos, de Educación y de Salud, en
el ámbito de sus competencias,
integrar en forma transversal en su
actuar los objetivos de prevención,
protección, sanción y erradicación
de la violencia conforme al objetivo
de esta ley.".

 3. En su artículo 3:

 a) Sustitúyese en el inciso primero
la frase "la mujer, los adultos
mayores y los niños," por "las
mujeres, las personas adultas mayores,
las personas con discapacidad, los
niños, las niñas y adolescentes,".

 b) Agrégase, en la letra e) de su
inciso segundo, entre los vocablos
"Niño" e "y", la oración ", la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y la
Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación
contra la Mujer".

 4. Suprímese el artículo 4.

 5. Reemplázase el artículo 5 por
el siguiente: "Artículo 5.- Violencia
intrafamiliar. Será constitutivo de
violencia intrafamiliar todo maltrato
que afecte la vida o la integridad
física o psíquica, la libertad o
indemnidad sexual, o la subsistencia o
autonomía económica, en contra de
una persona que tenga o haya tenido,
respecto de quien ejerce la violencia,
alguna de las siguientes calidades:

 1. Cónyuge o conviviente civil.

 2. Conviviente.

 3. Pareja de carácter sentimental o
sexual sin convivencia.

 4. Padre o madre de un hijo o hija
en común.

 5. Pariente por consanguinidad o
afinidad en toda la línea recta o en
la colateral hasta el tercer grado
inclusive de quien agrede.

     También será constitutiva de
violencia intrafamiliar la conducta
referida en el inciso precedente
cuando sea ejercida en contra de o por
quien tiene una relación de
parentesco por consanguinidad o
afinidad en toda la línea recta o en
la colateral hasta el tercer grado
inclusive de quien es o haya sido
cónyuge, conviviente civil o de
hecho, o tenga con ella un hijo o hija
en común.

    Asimismo, será constitutiva de
violencia intrafamiliar la conducta
referida en el inciso primero cuando
ésta se realice en contra de un
niño, niña, adolescente, persona
adulta mayor o persona en situación
de discapacidad en los términos de la
ley N°20.442, que se encuentre bajo
el cuidado o dependencia de cualquiera
de los integrantes del grupo
familiar.".

 6. Sustitúyese el artículo 7 por
el siguiente: "Artículo 7.-
Situación de riesgo inminente de
sufrir maltrato constitutivo de
violencia intrafamiliar. Cuando exista
una situación de riesgo inminente
para una o más personas de sufrir un
maltrato constitutivo de violencia
intrafamiliar, aun cuando éste no se
haya llevado a cabo, el tribunal, con
el solo mérito de la demanda o
denuncia, deberá adoptar las medidas
de protección o cautelares que
correspondan.

    Se presumirá que existe una
situación de riesgo inminente como la
descrita en el inciso anterior cuando,
al menos, concurra una de las
siguientes circunstancias:

 1. Que haya precedido intimidación
por parte de quien agrede, expresada
por cualquier vía, en acciones tales
como hostigamiento, acecho,
amedrentamiento o invasión de
espacios propios de la víctima,
laborales, públicos o privados.

 2. Que concurran respecto de quien
ejerce la violencia circunstancias o
antecedentes, tales como
drogadicción, alcoholismo, una o más
denuncias por violencia intrafamiliar,
condena previa por violencia
intrafamiliar, procesos pendientes o
condenas previas por crimen o simple
delito contra las personas o por
alguno de los delitos establecidos en
los párrafos 5 y 6 del Título VII,
del Libro II del Código Penal o por
infracción a la ley Nº17.798, sobre
Control de Armas.

 3. Que la persona denunciada se
oponga o haya manifestado su negativa
a aceptar el término de una relación
afectiva que ha mantenido con la
víctima, mediante actos de violencia
física o psicológica.

 4. Que una persona mayor, dueña o
poseedora, o mera tenedora a cualquier
título legítimo, de un inmueble que
ocupa para residir, sea expulsada por
quien la agrede, relegada a sectores
secundarios o se le restrinja o limite
su desplazamiento al interior de ese
bien raíz, por alguna de las personas
señaladas en el artículo 5.

    Además, el tribunal cautelará
especialmente los casos en que la
víctima esté embarazada, se trate de
un niño, niña o adolescente, de una
persona mayor, o de una persona con
discapacidad o que tenga una
condición que la haga vulnerable.".

 7. Reemplázase en el inciso primero
del artículo 8 la frase "una multa de
media a quince unidades tributarias
mensuales" por la siguiente: "una
multa de cinco a treinta unidades
tributarias mensuales".

 8. Agrégase a continuación de la
letra e) del inciso primero del
artículo 9 la siguiente letra f),
nueva: "f) Prohibición o restricción
de las comunicaciones del ofensor
respecto de la víctima.".

 9. Reemplázase el artículo 10 por
el siguiente: "Artículo 10.-
Sanciones. En caso de incumplimiento
de las medidas cautelares, condiciones
de suspensión condicional del
procedimiento o medidas accesorias
decretadas que se deba a actos u
omisiones del imputado o condenado, el
juez pondrá en conocimiento del
Ministerio Público los antecedentes
para los efectos de lo previsto en el
inciso segundo del artículo 240 del
Código de Procedimiento Civil, sin
perjuicio de imponer al infractor,
como medida de apremio, arresto hasta
por quince días.

    La policía deberá detener a
quien sea sorprendido en
quebrantamiento flagrante de las
medidas mencionadas en el inciso
precedente.".

 10. Agrégase a continuación del
artículo 11 el siguiente artículo 11
bis: "Artículo 11 bis.- Otras
materias de familia. El tribunal de
familia que deba resolver cualquier
materia dentro del ámbito de su
competencia, especialmente aquellas
comprendidas en los numerales 1, 2 y 3
del artículo 8 de la ley N°19.968,
que crea los Tribunales de Familia,
otorgará la debida consideración al
hecho de existir antecedentes de
violencia intrafamiliar entre las
partes involucradas o entre una de las
partes involucradas y cualquiera de
las personas señaladas en el
artículo 5.

    En particular, en la
determinación de la persona a quien
se confiará el régimen de cuidado
personal de un niño, niña o
adolescente, tomará en especial
consideración el hecho de existir una
o más condenas por actos de violencia
intrafamiliar que no constituyan
delito, de conformidad con el
artículo 5; por el delito de maltrato
habitual, tipificado en el artículo
14, o por el delito de no pago
reiterado de pensión de alimentos,
tipificado en el artículo 14 bis; y
por los delitos contenidos en el
párrafo 11 del Título VI; en los
párrafos 5, 6, 6 bis y 9 del Título
VII; y en los párrafos 1 bis, 3 y 3
bis del Título VIII, todos del Libro
II del Código Penal.

    Si el tribunal otorga el cuidado
provisorio o definitivo a una persona
con los antecedentes precedentes,
deberá fundar la resolución judicial
en razones muy calificadas que la
hagan procedente, las que deberán ser
fundamentadas en la respectiva
sentencia. Para determinar dicho
régimen el tribunal deberá escuchar
y tener en consideración la opinión
del niño, niña o adolescente,
atender a su edad y madurez y al
principio de autonomía progresiva, y
velar por la protección de su
seguridad e interés superior, de
conformidad con lo dispuesto en la ley
N°21.430, sobre Garantías y
Protección Integral de los Derechos
de la Niñez y Adolescencia, para lo
cual citará a una audiencia especial
al efecto si fuera necesario.

    Cuando quien denuncia por hechos
constitutivos de violencia sea quien
ejerce el cuidado personal del o los
hijos o hijas comunes y la persona
denunciada sea el otro padre o madre y
haya sido objeto de la medida cautelar
de prohibición de acercamiento
respecto de la primera, la fijación
de un régimen comunicacional con el
progenitor denunciado por estos hechos
solo podrá regularse por medio del
ejercicio de una acción contenciosa,
sin que sea posible su regulación por
la vía proteccional.

    En el marco de la causa
contenciosa iniciada al efecto, el
tribunal tomará en especial
consideración el hecho de que quien
la demande haya sido condenado por
actos de violencia intrafamiliar que
no constituyen delito, de conformidad
con el artículo 5; y por los delitos
mencionados en el inciso segundo de
este artículo.

    Asimismo, el tribunal deberá
escuchar y tener en consideración la
opinión del niño, niña o
adolescente, en audiencia especial
citada al efecto si así corresponde
en atención a su edad y madurez y al
principio de autonomía progresiva. La
opinión del niño, niña o
adolescente tendrá que ser
considerada expresamente en la
resolución del tribunal y este
deberá velar por la protección de su
seguridad e interés superior, de
conformidad con lo dispuesto en la ley
N°21.430.".

 11. Agrégase en el inciso primero
del artículo 14, luego de la
expresión "física," la voz
"sexual,".

 12. En el artículo 14 ter:

 a) Añádese como epígrafe lo
siguiente: "Aplicación de atenuantes
de responsabilidad penal.".

 b) Agrégase luego de la palabra
"considerar" el adverbio
"especialmente".

 13. Agrégase el siguiente artículo
14 quáter: "Artículo 14 quáter.-
Circunstancia agravante del delito de
maltrato habitual. Se considerará
circunstancia agravante del delito
contemplado en el artículo 14 el que
sea cometido en presencia de niñas,
niños o adolescentes.".

 14. Reemplázase el artículo 15 por
el siguiente: "Artículo 15.- Medidas
cautelares. En cualquier etapa de la
investigación o del procedimiento
sobre delitos constitutivos de
violencia intrafamiliar, y aun antes
de la formalización, el juez de
garantía o el tribunal de juicio oral
en lo penal, según corresponda,
podrá decretar las medidas cautelares
que sean necesarias para proteger a la
víctima de manera eficaz y oportuna,
tales como las que establecen el
artículo 92 de la ley N°19.968, que
crea los Tribunales de Familia, o la
ley que estatuye medidas para
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia en contra de las mujeres, en
razón de su género.".

 15. Agréganse en el artículo 17,
los siguientes incisos segundo,
tercero, cuarto, quinto y sexto: "En
ningún caso podrá decretarse la
suspensión del procedimiento e
imponerse como única condición a la
persona imputada la medida de
asistencia a programas terapéuticos o
de orientación familiar.

    Al decretar la suspensión
condicional del procedimiento, se
procurará otorgar seguridad a la
víctima, para lo cual se considerará
si aquella se encuentra en alguna de
las situaciones de riesgo inminente
descritas en el artículo 7, el
comportamiento de la persona que
ejerce la violencia y la existencia de
antecedentes y denuncias previas,
entre otros, que se estimen relevantes
para dicho fin.

    La víctima y el querellante
siempre deberán ser notificados de la
citación a la audiencia en que se
discuta la solicitud de suspensión
condicional del procedimiento. Durante
dicha audiencia, si la víctima o el
querellante están presentes, serán
oídos por el tribunal y sus opiniones
serán debidamente consideradas.

    Para dar cumplimiento a lo
establecido en el inciso anterior el
tribunal deberá ofrecer a la víctima
la posibilidad de emitir su opinión
en audiencia reservada, a fin de
cautelar su seguridad y evitar
cualquier tipo de presión sobre ella
por parte de la persona imputada,
proporcionarle toda la información
para que su decisión sea informada y,
cuando se trate de una persona menor
de edad, atender debidamente a su
interés superior.

    En todo lo demás se aplicarán
las reglas establecidas en el Código
Procesal Penal.".



Artículo 55.- Introdúcense las
siguientes modificaciones en la ley
N°19.968, que crea los Tribunales de
Familia:

 1. Agrégase en el inciso tercero
del artículo 21, entre las palabras
"juez" y "ordenará", la frase
"citará a las partes en forma
inmediata a una nueva audiencia. Si a
ésta no concurre ninguna de las
partes, el juez".

 2. En el artículo 90: a) Agrégase
en el inciso primero la siguiente
oración final: "En ningún caso
podrá transcurrir más de tres días
sin que se efectúe el envío de
dichos antecedentes.". b) Sustitúyese
en el inciso tercero la expresión "el
fiscal no solicite" por "el juez de
garantía no decrete".

 3. En el artículo 93: a) Agrégase
el siguiente inciso segundo, nuevo,
pasando el actual inciso segundo a ser
inciso tercero: "Además, el juez
deberá comunicar de inmediato, a
Carabineros o a la Policía de
Investigaciones, según el caso, las
medidas cautelares decretadas, en la
forma y por los medios más expeditos
posibles.". b) Agrégase en el actual
inciso segundo, que pasa a ser inciso
tercero, entre la palabra "decretadas"
y el punto final, la expresión "y
para resguardar la seguridad de la
víctima".

 4. Agrégase el siguiente artículo
93 bis: "Artículo 93 bis.-
Notificación de las medidas
cautelares. Junto con lo dispuesto en
el artículo anterior, al decretar las
medidas cautelares el tribunal
ordenará de la manera más expedita
posible su notificación a la persona
en contra de quien se ha decretado la
medida y cautelará especialmente que
se resguarde la seguridad de la
víctima, para lo cual podrá requerir
el auxilio de la fuerza pública. De
las medidas que se adopten para
cautelar la seguridad de la víctima y
de su seguimiento se dejará registro
expreso en la causa.

    Una vez practicada la
notificación se deberá comunicar de
inmediato esta circunstancia en la
forma y por los medios más expeditos
posibles al tribunal que haya
decretado la medida, a Carabineros o a
la Policía de Investigaciones y a la
fiscalía local que corresponda.".

 5. En el artículo 96: a)
Sustitúyese el encabezamiento del
inciso primero por el siguiente:
"Artículo 96.- Suspensión
condicional de la dictación de la
sentencia. Cuando existan antecedentes
que permitan presumir fundadamente que
el denunciado o demandado no
ejecutará actos similares a los
denunciados o demandados en lo
sucesivo, el juez podrá suspender
condicionalmente la dictación de la
sentencia, siempre y cuando se cumpla
cualquiera de las siguientes
condiciones:". b) Agrégase el
siguiente inciso tercero, nuevo,
pasando el actual inciso tercero a ser
inciso cuarto: "El sometimiento de las
partes a mediación no se aplicará en
aquellos casos en que la violencia
haya sido ejercida en contra de una
persona con quien se tenga hijos o
hijas, o haya tenido una relación de
pareja con o sin convivencia. En tales
casos, el tribunal deberá cautelar
personalmente que las obligaciones que
se establezcan en virtud de la letra
a) del inciso primero ofrezcan una
satisfacción efectiva a la víctima,
sus hijos e hijas, u otros niños,
niñas o adolescentes que tenga a su
cuidado en caso de que corresponda, y
resguarden su bienestar. Para ello, el
tribunal deberá citar a una audiencia
para efectos de acordar las
condiciones de la suspensión de la
dictación de la sentencia, para cuya
realización la víctima deberá
comparecer con su abogado.".

 6. Sustitúyese el inciso sexto y
final del artículo 106, por el
siguiente: "Tampoco se someterán a
mediación los asuntos, incluidos
aquellos mencionados en el inciso
primero, en que una de las partes haya
sido condenada por delitos
constitutivos de violencia
intrafamiliar o tenga anotaciones en
el Registro Especial establecido en el
artículo 12 de la ley N°20.066, por
agredir a la otra, ni aquellos en que
exista una medida cautelar, de
protección vigente entre las partes o
una suspensión condicional de la
dictación de la sentencia o del
procedimiento, según corresponda.".



Artículo 56.- Introdúcense las
siguientes modificaciones en el
Código Penal:

 1. En el artículo 12: a)
Intercálase en el numeral 21°, entre
las expresiones "sexo," y
"orientación sexual", el término
"género,". b) Agrégase el siguiente
numeral 24ª: "24ª. Cometer el delito
en el marco de conductas activas
constitutivas de violencia
ginecobstétrica, en su calidad de
trabajadores de salud pública o
privada, durante la atención de la
gestación, preparto, parto, postparto
y aborto, en las causales establecidas
en la ley en el marco de la atención
de la salud sexual y reproductiva de
la mujer.".

 2. Agrégase, a continuación del
artículo 161-C el siguiente artículo
161-D: "Artículo 161-D.- El que sin
autorización expresa exhiba un
registro de imágenes o sonidos en que
se representa una acción sexual que
involucra a otro o imágenes íntimas
de connotación sexual, independiente
de como haya sido obtenido, será
sancionado con la pena de prisión y
multa de cinco a diez unidades
tributarias mensuales.

    En caso de envío, difusión o
publicación de dicho registro, se
impondrá la pena de presidio menor 
en su grado mínimo y multa de once 
a veinte unidades tributarias
mensuales.".

 3. Suprímese el inciso final del
artículo 369.



Artículo 57.- Agrégase en el inciso
cuarto del artículo 2 del Código del
Trabajo, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado
por el decreto con fuerza de ley N°1,
de 2002, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, a continuación de
la voz "sexo," la expresión
"género,".



Artículo 58.- Introdúcense las
siguientes modificaciones en el
decreto ley N°3.500, de 1980, que
establece nuevo sistema de pensiones:

 1. Intercálase, a continuación del
artículo 5 el siguiente artículo 5
bis: "Artículo 5 bis.- No obstante lo
señalado en el artículo anterior, no
podrá ser beneficiario de pensión de
sobrevivencia quien por sentencia
ejecutoriada haya sido condenado en
calidad de autor, cómplice o
encubridor de los delitos contemplados
en el Código Penal, en los párrafos
5 y 6 del Título VII del Libro II, y
en los artículos 141, 390, 390 bis y
411 quáter, y, asimismo, de los
contenidos en el artículo 391 y los
contemplados en el párrafo 3 del
Título VIII del Libro II, cuando se
cometan en el contexto de violencia
intrafamiliar como lo señala el
artículo 400, además del delito del
artículo 14 de la ley N°20.066, que
establece ley de Violencia
Intrafamiliar, siempre y cuando la
víctima sea la causante de la
pensión.

    El derecho a pensión de
sobrevivencia del beneficiario que se
encontrare formalizado o requerido, en
las calidades y por alguno de los
delitos indicados en el inciso
anterior contra la persona del
causante, se mantendrá en suspenso
hasta que el procedimiento termine sin
condenar a dicho beneficiario.

   En caso de que el solicitante
fuere condenado, deberán reliquidarse
las pensiones concedidas a los demás
beneficiarios.

   Un reglamento expedido por el
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social regulará la forma y los medios
en que las administradoras tomarán
conocimiento del inicio de la
investigación de un hecho que revista
caracteres de alguno de los delitos
indicados, para los efectos de
suspender la concesión de la pensión
de sobreviven cia que corresponda al
beneficiario.".

 2. Intercálase en el inciso primero
del artículo 66, a continuación de
la frase "totalidad de los
beneficiarios", el siguiente párrafo:
", excluido el beneficiario condenado
por sentencia ejecutoriada, en su
caso, por los delitos contemplados en
el Código Penal, en los párrafos 5 y
6 del Título VII del Libro II, y en
los artículos 141, 390, 390 bis y 411
quáter, y, asimismo, de los
contenidos en el artículo 391 y los
contemplados en el párrafo 3 del
Título VIII del Libro II, cuando se
cometan en el contexto de violencia
intrafamiliar como lo señala el
artículo 400, además del delito del
artículo 14 de la ley N°20.066, que
establece ley de Violencia
Intrafamiliar, siempre y cuando la
víctima sea la causante de la
pensión.".

 3. En el artículo 67: a) Agrégase
en el inciso segundo las siguientes
oraciones finales: "Las reservas que
mantengan las compañías de seguros
correspondientes al beneficiario que
ha sido condenado como autor,
cómplice o encubridor de los delitos
contemplados en el Código Penal, en
los párrafos 5 y 6 del Título VII
del Libro II, y en los artículos 141,
390, 390 bis y 411 quáter y,
asimismo, de los contenidos en el
artículo 391 y los contemplados en el
párrafo 3 del Título VIII del Libro
II, cuando se cometan en el contexto
de violencia intrafamiliar como lo
señala el artículo 400, además del
delito del artículo 14 de la ley
N°20.066, que establece ley de
Violencia Intrafamiliar, en la persona
del causante, se destinarán para el
recálculo de las pensiones de los
restantes beneficiarios. En caso de
que no queden beneficiarios de
sobrevivencia, dichas reservas se
sumarán a la masa hereditaria del
difunto.". b) Agrégase en el párrafo
primero de la letra a) del inciso
tercero la siguiente oración final:
"Se excluirá del referido acuerdo al
beneficiario condenado por sentencia
ejecutoriada, en su caso, como autor,
cómplice o encubridor de los delitos
contemplados en el Código Penal, en
los párrafos 5 y 6 del Título VII
del Libro II, y en los artículos 141,
390, 390 bis y 411 quáter y,
asimismo, de los contenidos en el
artículo 391 y los contemplados en el
párrafo 3 del Título VIII del Libro
II, cuando se cometan en el contexto
de violencia intrafamiliar como lo
señala el artículo 400, además del
delito del artículo 14 de la ley
N°20.066, que establece ley de
Violencia Intrafamiliar, en la 
persona del causante.".



Artículo 59.- Agrégase en el inciso
primero del artículo 2 de la ley
N°20.609, que establece medidas
contra la discriminación, a
continuación de la palabra "sexo," 
la expresión "género,".




Artículo 60.- Introdúcense las
siguientes modificaciones en la ley
N°18.838, que crea el Consejo
Nacional de Televisión:

 1. Agrégase en el artículo 1, a
continuación del inciso cuarto, el
siguiente inciso quinto, nuevo,
pasando el actual inciso quinto a ser
sexto, y así sucesivamente: "De igual
modo, es parte del correcto
funcionamiento de los servicios de
televisión la especial protección
contra la divulgación de imágenes y
situaciones que presenten a mujeres,
niñas o grupos de mujeres o niñas de
forma estereotipada o que, de
cualquier manera, normalice
situaciones de violencia de género.".

 2. En el literal c) del artículo
12: a) Agrégase a continuación de la
palabra "medioambiente", la frase ",
la igualdad de género". b)
Reemplázase la expresión "jóvenes y
adultos" por "niñas, adolescentes,
mujeres y adultos en general".


   DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 Artículo primero.- El mayor gasto
fiscal que represente la aplicación
de esta ley durante el primer año
presupuestario de su entrada en
vigencia se financiará con cargo al
presupuesto de las partidas
presupuestarias del Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género, del
Ministerio de Salud y del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, según
corresponda. No obstante lo anterior,
el Ministerio de Hacienda, con cargo a
la partida presupuestaria del Tesoro
Público, podrá suplementar dicho
presupuesto en la parte del gasto que
no se pueda financiar con los
referidos recursos. Para los años
posteriores el gasto se financiará
con cargo a los recursos que se
contemplen en las respectivas leyes 
de Presupuestos del Sector Público.

 Artículo segundo.- Los reglamentos
a los que se refiere esta ley se
dictarán dentro del plazo de doce
meses contado desde su publicación 
en el Diario Oficial.

 Artículo tercero.- La Comisión de
Articulación Interinstitucional para
Abordar la Violencia de Género
establecida en el artículo 23
comenzará a funcionar seis meses
después de la dictación de su
reglamento. Esta Comisión será para
todo efecto la continuadora de las
tareas que actualmente ejecuta el
Circuito Intersectorial del Femicidio.

  Artículo cuarto.- El Plan Nacional
de Acción contra la Violencia de
Género, al que alude el artículo 25,
deberá aprobarse dentro de los seis
meses siguientes a la primera sesión
ordinaria de la Comisión de
Articulación Interinstitucional para
Abordar la Violencia de Género.

 Artículo quinto.- El Ministerio de
la Mujer y la Equidad de Género, en
el mes de marzo de los cuatro años
siguientes a la publicación de esta
ley, entregará un informe anual
acerca del estado de avance de su
implementación. Este se presentará
en una sesión conjunta de las
comisiones que tratan los asuntos
relativos a las mujeres en la Cámara
de Diputados y en el Senado.".

  Habiéndose cumplido con lo
establecido en el Nº 1 del Artículo
93 de la Constitución Política de la
República y por cuanto he tenido a
bien aprobarlo y sancionarlo; por
tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.

    Santiago, 3 de junio de 2024.-
GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la
República.- Antonia Orellana
Guarello, Ministra de la Mujer y la
Equidad de Género.- Carolina Tohá
Morales, Ministra del Interior y
Seguridad Pública.- Mario Marcel
Cullell, Ministro de Hacienda.- Camila
Vallejo Dowling, Ministra Secretario
General de Gobierno.- Javiera Toro
Cáceres, Ministra de Desarrollo
Social y Familia.- Nicolás Cataldo
Astorga, Ministro de Educación.- Luis
Cordero Vega, Ministro de Justicia y
Derechos Humanos.- Jeannette Jara
Román, Ministra del Trabajo y
Previsión Social.- Andrea Albagli
Iruretagoyena, Ministra de Salud (S).

   Lo que transcribo a usted para su
conocimiento.- Luz Pascuala Vidal
Huiriqueo, Subsecretaria de la Mujer y
la Equidad de Género.

   Tribunal Constitucional

    Proyecto de ley que estatuye
medidas para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia en contra de
las mujeres, en razón de su género,
correspondiente al Boletín N°
11077-07

  La Secretaria del Tribunal
Constitucional, quien suscribe,
certifica que la Honorable Cámara de
Diputadas y Diputados envió el
proyecto enunciado en el rubro,
aprobado por el Congreso Nacional, a
fin de que este Tribunal ejerza el
control de constitucionalidad respecto
de sus artículos 9 N° 1, en la
oración: "Estas medidas incluirán,
al menos, los contenidos normativos
existentes en materia de género y
niñez, y se considerarán en la
elaboración de los planes
educacionales para contemplar una
perspectiva de género", 12 y 41,
inciso primero, y que esta
Magistratura, por sentencia de 23 de
mayo de 2024, en el proceso Rol Nº
15.368-24-CPR. Se declara: 1º Que los
artículos 9 N° 1 en la oración "Y
se considerarán en la elaboración de
los planes educacionales para
contemplar una perspectiva de género"
y 12, incisos segundo y tercero, del
proyecto de ley que estatuye medidas
para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia en contra de las mujeres,
en razón de su género, contenido en
el Boletín N° 11.077-07, son
conformes con la Constitución
Política. 2º Que no se emite
pronunciamiento, en examen preventivo
de constitucionalidad, de las
restantes disposiciones del proyecto
de ley, por no versar sobre materias
que inciden en Ley Orgánica
Constitucional. Santiago, 24 de mayo
de 2024.- María Angélica Barriga
Meza, Secretaria Abogado.